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Jueves, 02 de mayo de 2019
Capacitan en el uso de herramienta informática que permite el intercambio de información sobre la situación judicial de menores de edad en riesgo con la ley penal
La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes del Máximo Tribunal y la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un encuentro de trabajo en el Palacio de Justicia
La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una jornada de trabajo con la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26 de abril pasado. Su objetivo fue capacitar al personal en el uso de una herramienta informática creada por el Máximo Tribunal que permite el intercambio de información sobre la situación judicial de menores de edad en riesgo con la ley penal.
La actividad se enmarca en el acta compromiso firmada por el Alto Tribunal, el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes –a cargo de la Dirección mencionada– y el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, en agosto pasado.
Derechos especiales
En materia de Justicia penal rige, para las personas menores de 18 años, una protección jurídica especial que se deriva del “principio de especialidad” (art. 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño y arts. 5.5 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
Dicho principio establece la necesidad de brindar a los niños/as y adolescentes un trato diferenciado respecto de los adultos, a través de normas, procedimientos, autoridades e instituciones específicas.
En esta línea, la BGD, a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, autorizó, a diversos organismos involucrados con menores de edad en conflicto con la ley penal, a acceder a los datos estadísticos sociodemográficos registrados en su base de datos.
El monitoreo permanente de esta población privada de la libertad busca la protección de sus derechos humanos en los lugares de detención (Reglas de Mandela).
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